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COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DEL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO CON LOS SINDICATOS SOBRE LA PROMOCIÓN INTERNA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

La Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, al igual que las Asociaciones del resto de Cuerpos y Escalas del subgrupo A1 de la Administración General del Estado, manifestamos nuestra total oposición al acuerdo adoptado el 3 de noviembre entre algunas organizaciones sindicales y el Ministerio de Hacienda y Función Pública para “flexibilizar” los procesos selectivos de promoción interna.

Dicho acuerdo ataca de manera directa a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público, así como a la independencia y alta cualificación de la función pública. Su firma se ha producido sin diálogo ni participación de los Cuerpos Superiores del Subgrupo A1, que resultaríamos directamente afectados por su aprobación y su efecto inmediato sería un quebranto de la seguridad jurídica y la objetividad que impera en el acceso al Subgrupo A1.

El acuerdo contempla una promoción interna basada en un test y en elementos subjetivos no evaluables ni medibles, lo cual, si bien puede ser adecuado en otros supuestos, es del todo inaceptable para la pertenencia a un Subgrupo cuya misión es ocupar los puestos de mayor responsabilidad de la Administración Pública. En caso de llevarse a término, este modelo supondrá una drástica merma de las capacidades, conocimientos y méritos para el desempeño de puestos directivos y predirectivos, que caracteriza a los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado, y al nuestro particular, con el único y exclusivo objetivo de lograr una reposición de personal, a costa de la calidad y cualificación requeridas y contra el interés público y los intereses generales del Estado.

Somos conscientes del evidente problema de descapitalización existente, que requiere de reformas estructurales y de calado, no solo en el acceso a la función pública, sino en otros elementos que deberán constar en la Ley de Función Pública del Estado, cuya redacción el Gobierno deberá culminar, en cumplimiento de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta Ley debería ser consensuada por todos, sin que quepan atajos ni vías que rompan con los principios constitucionales que todos los funcionarios, incluidos aquellos que ocupan puestos superiores y directivos en la actualidad, hemos prometido o jurado cumplir.

Por otro lado, aprovechamos esta ocasión para manifestar el alto grado de acuerdo que existe entre los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado en los principios y la profesionalidad que deben regir el acceso a la función pública, tal y como se manifestó en el comunicado remitido en su momento por FEDECA, la Federación Profesional que aglutina a más de 40 Cuerpos del Subgrupo A1. Esta misma posición ha sido la mantenida por la ACSACE desde un primer momento, aunque en algún medio de comunicación se haya señalado recientemente lo contrario, sin consultar previamente nuestro parecer al respecto.

De nuevo, reiteramos nuestro compromiso con la Función Pública Española, porque es la razón de ser de nuestro Cuerpo.