Repasa Arenilla Sáez en este artículo la distribución y asignación de puestos superiores entre funcionarios y políticos.

Afirma que "el elemento central de la función directiva, del que deriva su legitimidad, no será el nombramiento político en los puestos superiores, sino el grado contrastado de competencia profesional."

Además defiende que "deben eliminarse el clientelismo y el patronazgo, fuentes de corrupción, en el nombramiento del personal directivo público, que debe estar integrado por las personas más competentes y neutrales políticamente. Y deben someterse a la evaluación de su desempeño y a la rendición de cuentas, como los políticos, los asesores y, en general, el resto de los empleados públicos. Este debe ser el eje central del futuro Estatuto del Directivo Público."

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