Este plan, promovido por los ministerios de Hacienda y Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene como objetivos principales racionalizar el uso de los edificios e instalaciones administrativas, así como el establecimiento de formas de organización del trabajo de los empleados públicos que redunden en ese ahorro energético, a la vez que garanticen la plena prestación de los servicios y la atención a los ciudadanos.

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