Todo ello, concluye el Supremo, se trata de "una visión errónea de las normas reguladoras de la valoración de la prueba, especialmente en lo que atañe a los informes y dictámenes provenientes de la Administración".

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"La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó la negociación salarial con los empleados públicos en el marco de las reuniones para acordar la oferta público de empleo (OPE)"

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El Gobierno defiende que sacar de Madrid sedes de la Administración General del Estado supone una oportunidad laboral para los funcionarios y garantiza que sus carreras no se verán perjudicadas por esa circunstancia.

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"Nosotros tenemos claro que el trabajo diario y la profesionalidad de los altos funcionarios son básicos para esa institucionalidad, pero no suficientes. Es necesaria una condición previa: que sean seleccionados mediante los procedimientos adecuados."

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El 23 de mayo se publicó en la web del INAP los resultados más relevantes de autodiagnóstico de las competencias digitales de las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado.

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