Todo ello, concluye el Supremo, se trata de "una visión errónea de las normas reguladoras de la valoración de la prueba, especialmente en lo que atañe a los informes y dictámenes provenientes de la Administración".
"La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó la negociación salarial con los empleados públicos en el marco de las reuniones para acordar la oferta público de empleo (OPE)"
El Gobierno defiende que sacar de Madrid sedes de la Administración General del Estado supone una oportunidad laboral para los funcionarios y garantiza que sus carreras no se verán perjudicadas por esa circunstancia.
"Nosotros tenemos claro que el trabajo diario y la profesionalidad de los altos funcionarios son básicos para esa institucionalidad, pero no suficientes. Es necesaria una condición previa: que sean seleccionados mediante los procedimientos adecuados."
El 23 de mayo se publicó en la web del INAP los resultados más relevantes de autodiagnóstico de las competencias digitales de las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado.