Analiza JR Chaves en el siguiente artículo la Sentencia del Tribunal Constitucional 112/2019, de 3 de octubre. Según él, dicha sentencia,  "revaloriza la necesidad de que las administraciones notifiquen debidamente los actos administrativos, con indicación de los recursos procedentes advirtiendo que esa anomalía no debe perjudicar el derecho a interponer recursos."

Lo importante de esta sentencia, es por un lado, que estima el recurso de amparo, y por otro lado, que se basa en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Además establece como necesario el hecho de indicar los recursos pertinentes en todas las ocasiones. 

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Ofelia Tejerino, nueva presidenta de la Asociación de Internautas, hace un repaso sobre los principales puntos de la actualidad tecnológica. Señala que la privacidad es una de las principales preocupaciones de los usuarios. Le acompaña la incertidumbre por el comercio electrónico, así como la propiedad intelectual, un tema que preocupa a los lobbys de la propiedad intelectual y los derechos de autor.

La Ciberseguridad, otro de los temas más importantes, afecta tanto a los usuarios (por miedo a los virus), como a las empresas y Administraciones Públicas (por temor a los ciberataques). Este punto, según Tejerino, está muy unido a la necesidad de aumentar la educación sobre la privacidad en la web de los menores.

Las fake news son uno de los problemas que aparecen con fuerza con cada campaña electoral. Lo importante es educar a la gente en usar el pensamiento crítico a la hora de enfrentarse a todo tipo de noticias.

A Tejerino le preocupa también el tema de la neutralidad en la red, puesto que puede suponer una limitación al acceso de los usuarios a la contrastación de informaciones.

Respecto a el derecho de acceso universal a Internet, para la presidenta de la Asociación de Internautas, debería ser considerado un derecho socioeconómico, más que un derecho fundamental.

Por último, hace referencia a la Administración Pública, siendo necesario, según ella, que invierta mayor número de recursos para afrontar la tecnología y su uso responsable, pero sin dejar de lado la parte analógica, siendo necesaria una adaptación gradual. Es fundamental la formación tanto de los que toman las decisiones, como del propio sistema judicial.

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FEDECA celebra su IV Jornada Anual el próximo 28 de noviembre en horario de mañana.

El título de este año es FUNCIÓN PÚBLICA: EFICACIA y JERAQUIA.  Contará con la presencia confirmada del Ministro e.f. D. Luis Planas, y del Secretario de Estado de Función Pública, D. José Antonio Benedicto.

Se centrará en dos mesas redondas que dirigirán la Presidenta de la Asociación de Inspectores de Trabajo, Dña. Ana Ercoreca (Jerarquía vs Independencia), y una segunda mesa dirigida por el Presidente de la Asociación de Diplomáticos, D. Javier García-Larrache (Acceso: Eficacia).

Adjunto podéis encontrar el programa de la Jornada: https://www.fedeca.es/sites/default/files/ProgramaJornada28Nov.pdf

La inscripción únicamente se realizará a través de este link: http://www.fedeca.org/Inscripciones/evento_inscripciones.asp?Evento=07  

 

Rafael Jiménez Asensio realiza un análisis en este artículo sobre cómo la revolución tecnológica que se avecina va a afectar a las Administraciones Públicas.

Es evidente que muchas de las tareas realizadas actualmente por el ser humano pasarán a ser automatizadas. Esto no quiere decir que ese empleo desaparezca, sino que muchas de sus tareas se verán modificadas y la cantidad de puestos que realizan tales tareas, reducidos.

Las empresas han empezado a darse cuenta y a realizar cambios estructurales de cara a este futuro próximo, pero en la Administración Pública, aún no se ha puesto en marcha este cambio.

Sería necesario implementar lo que Mikel Gorriti denominó la "gestión planificada de vacantes". Sin embargo, se siguen ofertando gran cantidad de plazas de empleo público destinadas a cubrir personal de apoyo administrativo o de mera tramitación burocrática. El problema es que son empleos públicos fijos y las tareas a desarrollar en esos puestos se irán extinguiendo antes de que esos funcionarios alcancen la jubilación. Además, a estas personas, que suelen ser de edades superiores a 50 años, les cuesta formarse en estas nuevas tecnologías.

Y aunque el empleo público tiene su función estabilizadora de la economía, sería conveniente que "las Administraciones Públicas llevaran a cabo Estudios de prospectiva con análisis de demanda futura de servicios y de perfiles de empleos que se requerirán en los próximos diez años (2020-2030)", como indica Jiménez Asensio.

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Publicado en el BOE del 5 de noviembre, entra en vigor este Real Decreto-ley aprobado el día 31 de octubre en Consejo de Ministros. En él se reforman la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Esta reforma responde a la cada vez mayor exposición a nuevas amenazas tecnológicas, como ya se reflejó en la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, siendo la ciberseguridad uno de los puntos más importantes.

Su objetivo es regular un marco normativo que comprende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública; y al sector de las telecomunicaciones.

La norma refuerza el DNI electrónico pero se olvida de otros certificados electrónicos de gran implantación, como señala Víctor Almonacid, y sobre todo a los nuevos medios de identificación en auge, como la biometría (especialmente la huella dactilar), y otros como los basados en blockchain. También señala que los servidores deben estar situados dentro de la Unión Europea y se incluyen medidas de refuerzo en materia de transmisiones de datos entre Administraciones Públicas y tratamiento de datos en los Contratos del Sector Público.

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