Idoia Ortiz de Artiñano dirige el PublicTech Lab de IE University y durante sus estudios en el MIT centró su investigación en la innovación abierta y la transformación digital aplicada a la mejora de los servicios públicos. Hoy, colabora como experta en innovación pública en Digital Future Society (Mobile World Capital Barcelona).
Según ella, "En cualquier estrategia de transformación de país la modernización de lo público tiene que ser central. Y hasta ahora, no lo ha sido."
Sus propuestas para impulsar la transformación digital de los servicios públicos son la creación de una unidad de transformación digital dependiente de Presidencia, con poder político y presupuesto para mover esta agenda de forma transversal. Segundo, una academia digital para funcionarios y, tercero, un fondo para pilotaje de nuevos servicios digitales.
Más información: https://www.elperiodico.com/es/mobile-world-capital/20190915/idoia-ortiz-modernizar-lo-publico-es-central-entrevista-7635443
Agustín Ruiz Robledo realiza, en el diario El País, un análisis del uso que hacen los Gobiernos españoles del decreto ley.
En la Constitución aparece como un instrumento normativo excepcional, que solo puede usarse en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Sin embargo, hasta 2015 los decretos leyes representaron el 30% de toda la legislación y el doble a partir de entonces.
Según los gobernantes, los usan por razones de peso relacionadas con las crisis económicas y sociales principalmente; así como para cumplir las obligaciones europeas. Pero vista la cantidad de decretos leyes cabe pensar más en el deseo de los ministros para librarse de los trámites parlamentarios.
Más información: https://elpais.com/politica/2019/09/01/actualidad/1567373905_412565.html
De acuerdo con la Ley de contratos del Sector Público, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública tiene la misión de fijar la estrategia de contratación para todos los poderes públicos, velar por la correcta aplicación de la legislación y combatir ilegalidades. Es un organismo independiente y sus responsables tienen un mandato de seis años. Además es responsable de la oficina nacional de evaluación de las inversiones, tiene que elaborar la estrategia nacional de contratación, que se publica cada cuatro años, y preparar un informe que cada tres años se remite a la Unión Europea.
Esta Oficina se creó en 2018, según el diario El País, como un pequeño departamento de bajo rango, una subdirección con poca plantilla y sin independencia real al situarla dentro del Ministerio de Hacienda. Tampoco cuenta con un presupuesto propio y no puede ofrecer complementos salariales que atraigan personal.
La Unión Europea reclama a España que refuerce este nuevo organismo.
Más información: https://elpais.com/economia/2019/08/18/actualidad/1566130948_594034.html
De acuerdo con la Encuenta de población activa del INE, la tasa de temporalidad entre los empleados públicos es superior a la del sector privado. En el segundo trimestre de 2019, los empleados públicos temporales alcanzaban el 28,2%, mientras que en el privado era del 25,9%. Estos porcentajes son mayores entre los menores de 40 años, el 55%,
Según los tres sindicatos más representativos entre los funcionarios (CCOO, CSI-F y UGT), la situación se debe al hecho de que las oposiciones prácticamente se paralizaron desde 2010/2012 y se están volviendo a convocar en los últimos ejercicios. Esto no suponía que no se repusieran funcionarios, sino que en lugar de publicar plazas se contrataban interinos.
La Sanidad Pública, la Educación y los Ayuntamientos concentran un mayor número de trabajadores eventuales e interinos.
Desde el Gobierno Central recuerdan que el pacto de consolidación de empleo público que firmó en 2017 el Ejecutivo anterior con los sindicatos tenía el objetivo de reducir la temporalidad al 8%, sobre todo en Educación y Sanidad. Y aunque su plazo de ejecución llega a 2021, los tres sindicatos muestran preocupación por la lentitud de su implantación.
Más información: https://elpais.com/economia/2019/08/14/actualidad/1565795704_566453.html
Las Administraciones públicas enfrentan actualmente importantes desafíos que requieren perfiles renovados y una actualización permanente de las competencias de quienes las integramos, de manera que podamos responder adecuadamente a las nuevas demandas sociales y servir con objetividad los intereses generales en contextos en los que el cambio es cada vez más rápido y aumentan la volatilidad y la incertidumbre.
Especialmente en el caso de los puestos directivos y predirectivos, que tienen la responsabilidad de facilitar el logro de resultados y liderar los procesos de transformación, resulta fundamental combinar el conocimiento técnico especializado con otro tipo de habilidades y destrezas que permitan generar un mayor valor público y contribuyan al cumplimiento de compromisos de profundo calado como los derivados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Por ello, en el marco de su colaboración con la UIMP, el INAP convoca la I edición del Máster Universitario en Dirección y Liderazgo Públicos, cuyo plazo de preinscripción será del 19 de agosto al 6 de septiembre.
Más información: www.inap.es/aprendizaje