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El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se establece el procedimiento para la determinación de las nuevas sedes de las entidades del sector público institucional estatal, a través de un proceso objetivo, abierto y transparente basado en los principios que recogen el artículo 103 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como los de adecuación del sector público a la actividad, vertebración, equilibrio y cohesión territorial.
Las características del procedimiento de desconcentración serán las siguientes:
Se constituirá una Comisión consultiva, de carácter interministerial y presidida por la persona titular del Ministerio de Política Territorial, que será el órgano colegiado de la Administración General del Estado (AGE) encargado de asistir al Consejo de Ministros en el proceso de elección de las sedes en las que deben ubicarse las entidades del sector público institucional estatal.
El procedimiento de desconcentración se ajustará a las siguientes directrices:
- El Consejo de Ministros acordará el inicio del procedimiento.
- A continuación, la Comisión consultiva elaborará un informe con los criterios para la determinación de la sede, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto al acuerdo de inicio.
- Las asambleas legislativas y los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, podrán postular un municipio para albergar la sede de la entidad correspondiente, acompañando una memoria justificativa y un informe de cumplimiento de los criterios establecidos por la Comisión consultiva. Se podrá asimismo ofrecer compromisos adicionales en relación con la cesión de bienes inmuebles, costes financieros o medidas de apoyo al personal trasladado.
- La Comisión consultiva elaborará posteriormente un dictamen donde analizará las posibles sedes, del que se dará traslado a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico.
- Este dictamen se remitirá al Consejo de Ministros, que decidirá de forma motivada la elección de la nueva sede y publicará su acuerdo en el BOE.
Este procedimiento será objeto de desarrollo mediante un real decreto, autorizándose su tramitación administrativa urgente, al amparo de lo previsto en la Ley del Gobierno.
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ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2021: ESPAÑA NO AVANZA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado por Transparency International la pasada semana, España retrocede en la lucha contra la corrupción al bajar un punto respecto al ejercicio anterior y obtener una calificación de 61 sobre 100. Nuestro país pasa a ocupar la posición 34/180 del ranking global del IPC en el que desciende dos puestos y se sitúa como el número 14/27 dentro la Unión Europea, donde también cae dos posiciones con respecto al año 2020.
¿Qué es Transparency International?
Transparency International es un movimiento global, una organización no gubernamental, que comparte y procura hacer realidad una visión: un mundo en el que los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y la vida diaria de las personas se desarrolla sin corrupción. Con más de 100 delegaciones o “capítulos” repartidos por todo el mundo y con su Secretaría Internacional en Berlín, constituye un claro referente en la lucha contra la corrupción al haber conseguido que ésta ocupe un lugar en las agendas públicas. Su actividad se centra, por tanto, en la elaboración de propuestas expertas para la promoción de políticas públicas anticorrupción.
¿Qué es el IPC?
El IPC es un índice anual que se publica desde 1995 y que clasifica a 180 países en base a la percepción de su nivel de corrupción en el sector público a partir de la opinión y encuestas realizadas a expertos y empresarios. Se basa en 13 fuentes de datos independientes y emplea una escala de cero a cien, donde el cero representa un alto nivel de corrupción y, el cien, una corrupción prácticamente inexistente. La importancia de este indicador, parafraseando a nuestro Socio Fundador en España, Antonio Garrigues Walker, reside en que «todo aquello que se pesa y se mide, mejora». Las modificaciones metodológicas introducidas y el incremento de países analizados nos permite contar con series temporales comparables en los últimos diez años.
De los 180 países analizados en 2021, dos tercios obtienen una puntuación por debajo de 50/100 mientras que la media se sitúa en 43/100. Desde 2012, 25 países han mejorado sus puntuaciones significativamente, pero 23 han empeorado y otros 131 países no presentan avances significativos. En definitiva, el Índice advierte que en la última década el control de la corrupción se ha estancado o experimentado un retroceso en un 86 % de los países del mundo.
Resultados en Europa
Encabezando el Índice, y por regiones, encontramos a los países de Europa Occidental y la Unión Europea que mantienen su puesto con una media de 66 sobre 100, si bien se aprecia una fatiga y falta de avance en los últimos años. La percepción de la corrupción se estanca. Esta regresión afecta incluso a los países con mejores resultados (como Alemania o Reino Unido), que se ven salpicados por nuevos casos de corrupción que incluyen la exportación de la corrupción a otras partes del mundo. Las consecuencias a largo plazo de una acción anticorrupción inadecuada son ya evidentes en Bulgaria (puntuación del IPC: 42), Hungría (43), Rumanía (45) Polonia (56), y preocupa que Eslovenia (57) pronto se pueda unir a ellos. Paradójicamente, varios de estos países están llamados a desempeñar un papel fundamental en la actual crisis de Ucrania frente a Rusia y en la que la UE y el mundo se juegan aspectos muy relevantes con implicación directa en la vida de nuestros ciudadanos.
Corrupción y pandemia
Dos años después del inicio de la pandemia, el IPC advierte que, en muchos países, se ha aprovechado el Covid-19 como una excusa para recortar libertades básicas, burlar frenos y contrapesos y para detener los avances en la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas, en unas dimensiones inéditas. Los gobiernos para evitar que esto se convierta en una “nueva normalidad” tienen que eliminar cualquier restricción injustificada y desproporcionada de nuestros derechos y libertades (especialmente, las relativas a las libertades de expresión y a los derechos de asociación y reunión). Resulta muy significativo, que solo cinco Estados Miembros de la UE hayan incorporado a tiempo a sus legislaciones la Directiva sobre protección de denunciantes, impidiendo que los ciudadanos cuenten con nuevos instrumentos con los que controlar a sus gobernantes. Todo ello en un contexto en el que la UE debe reforzar sus medidas anticorrupción para evitar que la gran afluencia de fondos para la recuperación de la pandemia se vea afectada por el fraude y la corrupción.
El continente europeo que junto a Nueva Zelanda ha liderado tradicionalmente las políticas de transparencia, vive episodios sorprendentes, en forma de restricciones de derechos fundamentales. Casos como el de Polonia, restringiendo los derechos de las mujeres y de otros colectivos; el proceso vivido en Bélgica donde se llegó a contabilizar un 3% de irregularidades en los contratos de suministro de material sanitario; los episodios sufridos en Inglaterra y otros casos relevantes en Alemania. Portugal, que aunque mejora en el índice gracias a una mejor política anticorrupción, deja fuera a los partidos políticos y a la mas importante institución financiera pública; las drásticas restricciones de Hungría a la libertad de expresión y a los controles judiciales; Eslovenia cuyo gobierno milita contra los medios de comunicación y asfixia a las agencias que no son complacientes con el poder. Hemos visto también como entre los países mas exitosos, se han dado no pocos casos de los llamados “papeles de Pandora”, y se han conocido otros de exportación de corrupción en naciones con pobres controles como Angola y Namibia. Otros Estados con un largo recorrido en la lucha contra la corrupción como Austria, inexplicablemente experimentan un deterioro en su calificación, un lento pero constante descenso en un país que asumió enérgicas reformas hace 10 años.
No todo es negativo: Estonia con su programa de mejoras ha subido 10 puntos y se percibe en el país una mejora significativa, sin sustraerse a los efectos negativos de la pandemia en la contratación publica. La mejoría no tan relevante, pero en todo caso significativa, que se ha producido en Italia y Grecia, aunque mantienen todavía puntuaciones inapropiadas para dos Estados Miembros de la UE.
En resumen: estancamiento, regresión de países avanzados, exportación a lugares de débiles controles, casos aislados pero significativos en países líderes y restricciones en derechos fundamentales que afectan a los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil; pero esperanza en los progresos que han de tener proyección y valor ejemplificador. No es una tarea sencilla, pero tampoco imposible
Teresa Sánchez Armas
Administradora Civil del Estado. XL Promoción.
Miembro del Comité de Dirección de Transparency International - España
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Según las cifras del Boletín Estadístico de Personal al servicio de las Administraciones Públicas correspondientes a julio de 2021, la evolución del empleo público deja tres claras tendencias: disminuye el peso del personal funcionario de carrera; aumenta claramente el envejecimiento de las plantillas; y se continúa con la descentralización de su personal, perdiendo peso los trabajadores del sector estatal en favor de las autonomías y los ayuntamientos.
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"La estrategia del Gobierno pasa por ir restando recursos a las mutuas para ir debilitando la asistencia que prestan las compañías sanitarias, después de la firma del concierto sanitario 2022-2024 entre Muface y las aseguradoras el pasado mes de diciembre".
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El origen de la polémica está en el acuerdo para el cambio de régimen jurídico del personal laboral fijo incluido en el anexo II del IV Convenio único para el personal laboral de la administración general del Estado suscrito por Función Pública y los sindicatos.
Consideran los funcionarios integrantes del subgrupo A1 que el nuevo método se ha creado “ad hoc” y rebaja de forma alarmante los requisitos para acceder al mismo, con lo que, a su entender, se conculcan los principios de “igualdad, mérito y capacidad”.