De acuerdo con la Ley de contratos del Sector Público, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública tiene la misión de fijar la estrategia de contratación para todos los poderes públicos, velar por la correcta aplicación de la legislación y combatir ilegalidades. Es un organismo independiente y sus responsables tienen un mandato de seis años. Además es responsable de la oficina nacional de evaluación de las inversiones, tiene que elaborar la estrategia nacional de contratación, que se publica cada cuatro años, y preparar un informe que cada tres años se remite a la Unión Europea.

Esta Oficina se creó en 2018, según el diario El País, como un pequeño departamento de bajo rango, una subdirección con poca plantilla y sin independencia real al situarla dentro del Ministerio de Hacienda. Tampoco cuenta con un presupuesto propio y no puede ofrecer complementos salariales que atraigan personal.

La Unión Europea reclama a España que refuerce este nuevo organismo.

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