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Ágora es el sistema de información de referencia iberoamericana en el ámbito de la Administración Pública, donde de manera abierta y gratuita se puede consultar literatura científica de Administración Pública en español.

Está liderado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y cuenta con la colaboración de la Fundación Dialnet. 

Cuenta con buscadores documentales avanzados, así como alertas bibliográficas.

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JR Chaves lleva a cabo un análisis sobre la aprobación o modificación de la organización de puestos de trabajo en la Administración. Su conclusión es que en principio no parece que deba concederse un trámite específico de audiencia a los posibles afectados en dicho procedimiento de oficio. Para ello alega que la relación de Puestos de Trabajo es un acto general o acto plúrimo, por la pluralidad de destinatarios y no existe precepto legal que imponga la necesidad de información pública ni contemple la audiencia previa. Como en los procedimientos de aprobación o modificación intervienen las mesas de negociación y Juntas de Personal, ya se aseguran la presencia de los interesados.

Además, se trata de actos organizativos o domésticos, con vocación unitaria general y eso hace que no haya que dar audiencia previa a los funcionarios que en su día podrán ser afectados. 

Por último señala que si no es precisa la notificación individual de la Relación de Puestos de Trabajo (solo la publicación) tampoco parece serlo cada modificación puntual de puesto de trabajo ni por tanto de sus actos de tramitación.

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El sindicato CSIF ha convocado una movilización para que el Gobierno aplique la subida salarial del 2% que fue recogida en el Plan Presupuestario que se envió a Bruselas el pasado octubre, fruto de un acuerdo entre los sindicatos y el gobierno en el plan 2018-2020.

También incluía una variable que podría ascender hasta le 3,85%, dependiendo del crecimiento, los fondos adicionales y el cumplimiento del objetivo de déficit.

El presidente del Gobierno comunicó en octubre a los sindicatos que condicionaba la subida a que el Ejecutivo esté en plenas funciones, pero desde el Sindicato aseguran que dicha medida está firmada desde el año pasado.

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), creado en 2014, ha emitido 327 resoluciones sobre conflictos en los que un ciudadano hace una solicitud a un ministerio o una empresa pública y estos rehúsan atenderla. De ellas, la mitad no se han cumplido, bien porque la Administración las ha recurrido en los tribunales, o bien porque las han ignorado. 

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En el siguiente artículo realiza Jiménez Asensio un análisis de la dirección pública. Existen tres formas de cubrir los puestos directivos: el político, el corporativo-burocrático y el profesional.

Señala que en el caso de cubrir el puesto con una decisión política, esa persona será elegida de modo totalmente discrecional, sin ningún requisito o exigencia y con la opción de un cese también discrecional.

En el caso de la elección burocrática, se designará mediante los sistemas de provisión previstos en la normativa de función pública. En España, se aplica a los puestos de dirección intermedia, y aunque el nombramiento y cese sigue siendo discrecional, ser funcionario público es un requisito.

Por último, en la decisión profesional, la Dirección Pública Profesional (DPP), es necesaria una definición previa del perfil del candidato, y posteriormente una convocatoria de un procedimiento competitivo y abierto.

En el caso de España, los niveles directivos superiores se cubren habitualmente por criterios políticos o con funcionarios del grupo A1 y los niveles directivos intermedios (o de segundo nivel) se cubren también, en su mayor parte, por procedimientos de provisión de libre designación entre funcionarios públicos (A1).. Pero en ambos casos, se les puede cesar arbitrariamente.

En conclusión, señala Jiménez Asensio que la DPP no ha sido implementada en ninguna de nuestras Administraciones públicas. Para llevar a cabo el cambio, según él, es necesario por un lado un liderazgo político y por otro una ley que regule un Sistema de Alta Dirección Pública.

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