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El libro tiene como objeto repensar la función pública como institución. Pretende realizar un diagnóstico preciso de cuál es la situación actual de la función pública en España y de los problemas que plantea con la finalidad de hacer propuestas de reforma. Los procesos de digitalización del trabajo rutinario obligan a la Administración a rediseñar sus puestos de trabajo e incorporar nuevos perfiles profesionales a sus plantillas con competencias digitales y a llevar a cabo políticas formativas para el reciclaje profesional de muchos de sus empleados .Se ha de evolucionar también hacia una Administración más flexible y moderna, que actúe por proyectos y en red, en colaboración con otros órganos públicos y sujetos privados, porque gran parte de los problemas actuales y muchas de las complejas políticas públicas no pueden ser abordados desde una estructura rígida, de carácter departamental y altamente jerarquizada, que responde a las exigencias de una Administración de mediados del siglo pasado.
Los típicos elementos de la estructura funcionarial, los puestos de trabajo y los cuerpos se nos muestran como instituciones ya obsoleta.
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Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras
Desde 2015, CEOE ha venido elaborando el informe anual sobre producción normativa, con la sencilla intención de dar visibilidad a la profusa generación de normas que a todos los niveles afectan a los ciudadanos españoles.
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La tramitación del proyecto de ley para los fondos de pensiones de empleo ha pasado el periodo de enmiendas, entre las que hay una del PP que pasa por facilitar que haya planes de promoción pública para funcionarios y empleados públicos propulsados por asociaciones.
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que "se procurará proteger a los sectores vulnerables, como los pensionistas, pero de cara a la revalorización de los sueldos de los funcionarios se apostará por la «moderación salarial», en línea con lo pedido a los agentes sociales para el pacto de rentas ante la coyuntura de alta inflación."
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"Es una reivindicación de los trabajadores, el Gobierno lo ha estudiado y ha concluido que el ahorro energético no compensa la inversión en material para trabajar a distancia".