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El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), ha señalado en su informe de la Quinta ronda de evaluación, de junio de 2019, que resulta llamativo que la Oficina de Conflictos de Intereses haya aprobado el 98% de solicitudes en más de una década, planteando el hecho de que quizás sea necesario un control más eficaz.
El Greco considera que habría que revisar ciertos puntos sobre la normativa de puertas giratorias, como por ejemplo, la cláusula de cooling-off (no se contempla la abstención de la participación en determinados casos, ni el trabajo para un tercero en nombre de dichas empresas).
Señala además que pueden existir puertas giratorias de ida y vuelta, para los que entran a la Administración desde la esfera privada; así como para los asesores, los cuales no tienen ahora mismo ninguna restricción.
Y denuncia por último, la falta de recursos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
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El Ministerio de Función Pública ha elaborado un plan para captar talento en las Universidades, centros de enseñanza secundaria (FP) y colegios profesionales, para los puestos más altos de la Administración.
La Secretaría de Estado Función Pública creó un grupo de trabajo con Fedeca y sindicatos de funcionarios para impulsar que las oposiciones fueran más ágiles y atractivas para los opositores.Y se empezó a plantear la creación de algún sistema de becas para opositores.
Señala Jordi Solé, presidente de Fedeca, que "antes competíamos entre los opositores, ahora se compite contra el temario". Según él, en los últimos años, los opositores a los cuerpos superiores de la Administración, han disminuido en cantidad y calidad, optando preferiblemente por incorporarse al sector privado.
Esto se une al hecho de que el funcionariado en España es de los más envejecidos de la UE y que en los próximos años se va a jubilar un alto porcentaje de los funcionarios de alto nivel.
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Señala Ramió en este artículo que es necesario reenfocar el sistema de oposiciones, puesto que la mayoría de competencias que hoy en día se piden, serán en un futuro no muy lejano realizadas por robots. Habría que replantearse las competencias que hay que exigir a los futuros empleados públicos, y éstas parecen ser las llamadas "competencias blandas".
Estas competencias se basarían en las hablidades humanas básicas de saber leer, escribir, contar y hablar. Si bien, en su análisis, podemos ver cómo dichas competencias son mucho más complejas de lo que parecen en un principio. Se hace necesario transformar el sistema educativo, quitando peso a materias o habilidades como los idiomas o la lógica memorística, y dando más importancia a otro tipo de competencias multidisciplinares.
Por último, advierte que serán necesario dar más importancia a otro tipo de "inteligencias", y no solo la emocional, si no también, la contextual y la inspirada.
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Julio Tejedor Bielsa realiza un análisis en este artículo sobre la regla asumida hace tiempo, en el marco de la normativa europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que para que se realice la adjudicación de un contrato por un poder adjudicador a otro, la parte esencial de la actividad del segundo, que se sitúa en el ochenta por ciento, la realice para el poder adjudicador dominante o su grupo.
Señala Tejedor que resultan controvertidas las reglas que han de aplicarse para el cómputo del señalado porcentaje.
Se entiende que lo pretendido por el legislador europeo es evitar que entidades que actúan en mercado puedan beneficiarse de la adjudicación directa de contratos por el poder adjudicador que la controla. De esta manera, se limita la posibilidad de adjudicación directa en función de la actuación en mercado de la entidad de que se trate, que no podrá superar el veinte por ciento. (Ver Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de mayo de 2006, asunto Carbotermo).
Sin embargo, para algunos todavía surgen dudas sobre el significado de la regulación vigente y, sobre la aplicación de la regla relativa a la determinación del volumen de actividad que presta un medio propio para el poder adjudicador del que depende o su grupo.
Analiza también Tejedor Bielsa la Circular conjunta, de 22 de marzo de 2019, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre criterios para el cálculo del cómputo del requisito de actividad exigido por la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de contratos del sector público en aquellas entidades que sean consideradas medios propios, ya que para él, dicha Circular suscita muchas dudas.
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La OCDE, ha publicado su informe 'Government at a Glance' ('Resumen de gobierno'). En él señala que ha habido un aumento del porcentaje de funcionarios entre 2007 y 2017 frente al número total de empleados en España. Ello se ha debido a que en el sector privado se destruyó mayor cantidad de empleo en estos años.
Respecto al porcentaje de inversión pública, España se sitúa en el 2% del PIB en 2017 y la media de la OCDE está en el 3,1%. Sin embargo, mirando el gasto público, vemos que el porcentaje en España se acerca más al de la OCDE.
Destacar por último que en el informe la OCDE felicita a España por ser uno de los países líderes en el cumplimiento de los presupuestos de género, con una puntuación de 0,88 sobre 1.